Cuba ha enfrentado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos por casi seis décadas, siendo el sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno y que tiene un alto impacto en la salud de la población cubana.
A la mayor de las Antillas se le niega el derecho de adquirir tecnologías, materias primas, reactivos, medios diagnóstico, medicamentos, dispositivos, equipos y piezas de repuesto necesarios para el mejor funcionamiento de su Sistema Nacional de Salud, los cuales tiene que obtenerse en mercados geográficamente lejanos o a través de un tercer país, con un incremento en los costos.
Las tecnologías de procedencia estadounidense o con más de un 10 por ciento de componentes de ese país, no pueden ser adquiridas por la Isla, lo que impacta de forma negativa en la atención a la salud.
En algunos casos, es necesario enviar pacientes al extranjero a un costo mucho mayor que hacer el procedimiento en territorio nacional, si se contara con la tecnología.
Durante los meses de pandemia, esta política lejos de minimizar su impacto se ha recrudecido hacia niveles sin precedentes, de ahí que el 2020 fuese el año de mayor afectación tanto en número como en ejemplos, por la repercusión que las medidas han tenido en el combate a la COVID-19.
En los meses de abril a diciembre del pasado año, el bloqueo causó pérdidas al sector de la salud en el orden de los 198 millones 348 mil dólares, cifra que representa 38 millones 087 mil 120 más en comparación con lo reportado en el informe anterior (160 millones 260 mil 880).
Mientras que los daños acumulados alcanzan la cifra de 3 mil 272 millones 300 mil dólares desde que comenzó la aplicación de esa política.
A las pérdidas económicas se sumó la campaña para intentar desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional que Cuba ofrece, sin embargo, no pudieron evitar la presencia de 57 brigadas del Contingente “Henry Reeve” en 40 países, con más de 4 mil 900 profesionales de la salud.
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